Un grupo de 35 familias alzaron la voz este miércoles para denunciar a la Universidad Potosina, ubicada en la avenida Venustiano Carranza, y a su director, Arturo Segoviano, por fraude. Las familias acusan a la institución de no contar con el Registro de Validez Oficial de Estudios (RVOE) vigente, lo que invalida los estudios de medicina cursados por sus hijos.
Durante una manifestación frente a la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), los padres y madres de familia exigieron a las autoridades que tomen cartas en el asunto. Argumentan que, desde el año 2019, la Universidad Potosina no ha registrado a ningún alumno ante la SEGE, pero a pesar de ello, continuó cobrando las colegiaturas.
Las familias afectadas señalan que, tras cinco años de cursar la carrera de medicina, sus hijos no podrán ejercer su profesión debido a la falta de validez de sus estudios. Esta situación ha generado gran incertidumbre y frustración entre los jóvenes, quienes ven truncadas sus aspiraciones profesionales.
Ante la falta de respuesta por parte de la SEGE y la Universidad Potosina, las 35 familias decidieron interponer denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado (FGE). Esperan que, con estas acciones, se haga justicia y se repare el daño causado.
Alan Cornejo Astudillo, uno de los padres denunciantes, expresó: “Nos encontramos en una etapa donde ya levantamos las denuncias. Algunos de nosotros vamos a volver a hacer nuestra declaración, a ampliarla, y esperamos que terminando de hacer la ampliación de las declaraciones ya se inicie un proceso de investigación por parte de la Fiscalía”. Los afectados exigen que, además de las sanciones correspondientes, se les repare el daño económico y moral sufrido.
Por su parte, Arturo Segoviano, director de la Universidad Potosina, ha minimizado las denuncias, asegurando que se trata de alumnos que fueron expulsados o que no aprobaron las materias. Sin embargo, una de las estudiantes afectadas desmintió estas declaraciones, afirmando que continúa matriculada en la institución y que cuenta con un buen promedio académico.
Las familias afectadas se encuentran a la espera de que la Fiscalía General del Estado investigue las denuncias y determine las responsabilidades correspondientes. Mientras tanto, la incertidumbre sobre el futuro profesional de los jóvenes continúa.
