El Tribunal de Juicio Oral ha dictado sentencia condenatoria contra Miguel Ángel Lutzow Steiner, exsecretario de Salud, por abuso de autoridad en la polémica compra simulada de insecticidas. El caso, plagado de inconsistencias, ha sido manejado con una flexibilidad alarmante por parte de los jueces que desestimaron contradicciones clave en los testimonios. A pesar de que el fallo no acreditó un beneficio personal directo, el Tribunal consideró su responsabilidad en la operación.

Durante la audiencia que se prolongó por más de ocho horas, el Tribunal, compuesto por Fernando Zapata Guzmán, Sara de la Luz Bernal y Claudia Hernández Ibarra, consideró suficiente la evidencia de la Fiscalía General del Estado que presentó testigos que detallaron reuniones en las que Lutzow Steiner, junto con otros funcionarios, en donde se acordó la compra del plaguicida a la empresa Public Health Supply and Equipment de México en 2020, sabiendo que el producto no sería entregado. La operación generó un daño económico de 32 millones 700 mil pesos.

La defensa de Lutzow Steiner denunció irregularidades graves. El abogado Alejandro Manríquez Laguna acusó al Tribunal de modificar los hechos y utilizar pruebas fuera del proceso legal. El exfuncionario, único detenido por estos hechos, sigue encarcelado mientras otros implicados, incluidos la exsecretaria de Salud Mónica Rangel y su equipo, siguen en libertad. 

Además señaló que las contradicciones abundan con testigos que ubican reuniones en fechas incorrectas, declaraciones manipuladas y pruebas que no fueron debidamente presentadas. Sin embargo, todo esto fue pasado por alto. El juez relator incluso modificó el contenido de la declaración del acusado, insinuando que admitió su participación en reuniones en las que jamás reconoció haber estado.

La audiencia de individualización de la sentencia, programada para el próximo viernes, definirá la sanción, aunque el juicio ya ha dejado más preguntas que respuestas sobre la imparcialidad de la justicia en este caso. Cabe recordar que la FGE en su momento solicitó una pena corporal de por lo menos 12 años en la cárcel para el ex encargado de los Servicios de Salud del estado.