El Hospital Central ‘Ignacio Morones Prieto’ de San Luis Potosí ha sido escenario de una crisis que amenaza con desmoronar los cimientos de la atención médica en la región. Los médicos residentes han detenido sus actividades y han iniciado una asamblea permanente en protesta por la alarmante falta de insumos y recursos básicos para operar. Desde reactivos de laboratorio hasta material quirúrgico, la carencia es tan grave que los propios pacientes y sus familias ya han comenzado a sufrir las consecuencias, enfrentándose a diagnósticos tardíos, riesgos innecesarios y tratamientos incompletos.

En medio de esta emergencia sanitaria, el resto del personal médico, incluidos los internos y los estudiantes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, continúa sus labores, pero el impacto es evidente: el hospital se encuentra en condiciones deplorables, casi incapaz de ofrecer una atención digna. En un acto de desesperación, los residentes, junto con el personal de enfermería, colgaron cartulinas a la entrada del hospital con mensajes claros como “No te internes aquí” y “No tenemos con qué atender”, alertando a los pacientes sobre la falta de insumos esenciales.

Esta situación crítica ha derivado en una respuesta institucional carente de acción concreta. El gobernador Ricardo Gallardo, en un intento por desviar la atención de su gestión, se deslindó rápidamente de la responsabilidad, argumentando que el abastecimiento de insumos es competencia del Gobierno Federal, en el marco del programa IMSS Bienestar. Sin embargo, esta explicación no soluciona la realidad inmediata: el hospital está al borde del colapso.

Si bien la crisis afecta a todo el personal hospitalario, los residentes son quienes sufren las peores consecuencias. Al ser los intermediarios directos con los pacientes y sus familiares, cargan con la presión y el descontento de una población que no comprende por qué no se les puede brindar atención adecuada. Los residentes denuncian que, en muchos casos, han tenido que cubrir los costos de los insumos necesarios con su propio dinero para no dejar desatendidos a los pacientes. Esta situación no solo afecta la calidad del servicio, sino que además pone en riesgo la formación de estos futuros especialistas, quienes enfrentan un entorno de trabajo precario y sin los recursos mínimos necesarios para aprender y practicar de manera efectiva.

La indignación crece entre los residentes, que ven cómo el gobierno estatal y federal se lanzan mutuamente la responsabilidad sin aportar soluciones reales. Han hecho un llamado claro: no levantarán la asamblea permanente hasta que se establezca una mesa de diálogo y se provean los insumos necesarios para garantizar el bienestar de los pacientes y su propia formación profesional.

Las condiciones del Hospital Central, descrito por su propio personal como “un puro cascarón”, son el reflejo de un sistema de salud abandonado. La falta de medicamentos, equipos de diagnóstico y otros recursos básicos ha convertido este centro médico en un espacio donde la promesa de atención de calidad es una ilusión. Las autoridades federales, a quienes se les atribuye la responsabilidad del abastecimiento, han sido incapaces de actuar con la rapidez que la situación demanda. Mientras tanto, la vida y la salud de cientos de pacientes penden de un hilo.

Es inaceptable que en pleno 2024, en un país con los recursos de México, los hospitales públicos enfrenten este tipo de crisis. La negligencia institucional ha llegado a un punto insostenible, y las autoridades parecen más interesadas en evadir responsabilidades que en resolver los problemas estructurales que afectan al sistema de salud.

Los residentes del Hospital Central ‘Ignacio Morones Prieto’ han lanzado una advertencia: si las autoridades no responden de manera inmediata y efectiva, las protestas continuarán, y con ellas, el deterioro de la atención médica en San Luis Potosí. La situación no solo pone en riesgo la salud de los pacientes, sino que también erosiona la confianza en las instituciones de salud pública. Los ciudadanos merecen una respuesta contundente, y los médicos residentes, una solución a las condiciones indignas en las que se ven obligados a trabajar.

La pregunta que queda en el aire es: ¿hasta cuándo el Gobierno Federal y Estatal dejarán de intercambiar culpas y comenzarán a proveer lo que realmente importa: los recursos que permitan a este hospital funcionar como el centro de salud que la población necesita desesperadamente?