Las familias de las víctimas del trágico incidente ocurrido en el antro Rich el pasado 7 de junio, se mantienen firmes en su exigencia de justicia y han rechazado cualquier posibilidad de negociar con los imputados. Así lo afirmó Ramón Infante Guerrero, padre de Manuel Alejandro, uno de los jóvenes fallecidos en el accidente.

La negativa de las familias se da luego de que la defensa de los imputados, Ulises, Francisco y Nancy, propusiera una suspensión condicional del proceso penal en su contra. Sin embargo, Infante Guerrero aseguró que esta opción es inaceptable, ya que aún hay jóvenes que se recuperan de las lesiones sufridas y que las secuelas del incidente son aún desconocidas en su totalidad.

“No podemos pensar en negociar cuando aún hay jóvenes que están en terapia física y psicológica, y uno de ellos sigue hospitalizado. Es prematuro hablar de acuerdos cuando las heridas aún están abiertas”, expresó el padre de familia.

Por otro lado, el caso ha tomado un nuevo rumbo con la decisión del Juzgado Sexto Federal de requerir la comparecencia de funcionarios estatales y municipales que pudieron haber incurrido en omisiones relacionadas con el incidente. Esta medida se deriva de un amparo interpuesto por la defensa de los imputados.

“Vamos a pedir que se presenten y testifiquen para que formen parte de la ruta crítica de investigación”, señaló Infante Guerrero. Aunque reconoció que aún no se puede asegurar si se les fincarán responsabilidades, destacó que al menos serán llamados a declarar ante la justicia federal.

En tanto, el alcalde capitalino, Enrique Galindo Ceballos se comprometió a dar a conocer los resultados de la investigación realizada por la Contraloría Interna del Ayuntamiento en torno a este caso y el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, ha señalado que aún hay muchos funcionarios que deben rendir cuentas por este caso. “Hay que mandarlos a llamar a cuentas, tiene un gran pendiente con los funcionarios”, afirmó el mandatario estatal.

Asimismo, el padre de familia expresó su preocupación por la investigación que lleva a cabo la Contraloría Interna del Ayuntamiento, y pidió que se realice de manera transparente y exhaustiva. “Ojalá no resulte una investigación hecha a la carta”, advirtió.

Por su parte, la Contraloría del Estado ha sido acusada de intentar dejar el caso en el olvido para evitar sancionar a funcionarios estatales. Sin embargo, el gobernador Gallardo Cardona ha asegurado que habrá cambios en su gabinete y que se seguirá investigando a fondo este caso.

Las familias de las víctimas continúan exigiendo justicia y esperan que las autoridades esclarezcan las responsabilidades de todos los involucrados en este trágico suceso. “Esperamos que haya justicia para los padres de los jóvenes (…) Creo que falta mucha gente de que se le mande a cuentas”, concluyó Infante Guerrero.