El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) y el Poder Judicial del Estado (PJE) firmaron la Ley 3 de 3 contra la Violencia en el proceso electoral, con el objetivo de quitar la oportunidad de contender por cargos de elección pública a violentadores por cuestión de género pero sólo aplicará para los que ya tengan una sentencia dictada.

Dicha ley pretende evitar que personas acusadas por delitos de violencia familiar, violencia contra las mujeres en razón de género, padrón de deudores alimentarios o delitos sexuales, participen en el proceso electoral, a través de mecanismos de colaboración para que el PJE pueda verificar si las personas que buscan un cargo de elección popular han sido condenadas, sin embargo, el convenio firmado no establece la inhabilitación automática de las personas que no la cumplan.

Las personas que no cumplan con la Ley 3 de 3, pero no tengan una condena, recibirán una amonestación pública y se les dará un plazo para que cumplan con los requisitos, sólo se aplicará la ley en casos donde ya exista una sentencia dictada, con el fin de respetar el derecho a la presunción de inocencia.