Al menos 100 mujeres potosinas acudirían a clínicas públicas de la Ciudad de México a practicarse un aborto en lo que va del año.

El pasado miércoles, el frente de la Marea Verde consiguió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) despenalizara el aborto por decisión unánime en todo el país, abriendo la oportunidad para que las mujeres puedan acceder de una manera segura y gratuita la interrupción del embarazo, decisión que celebran las Feministas en SLP al asegurar que se da un paso adelante para la salud de las mujeres en el Estado.

A partir de dicha decisión las instituciones públicas federales de salud como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) o Pemex, están obligados a ofrecer el servicio de interrupción del embarazo de forma gratuita, sin ser criminalizadas o juzgadas por el sector público.

A pesar de la postura de la SCJN, en San Luis Potosí se registran actualmente 6 denuncias por interrupción de embarazo, las cuales no deberían ser sancionadas debido al decreto de la Suprema Corte de Justicia, sin embargo al no estar actualizado en el sistema potosino, estás mujeres tendrán que seguir un proceso legal que mediante un amparo pueda absolverlas de ser penalizadas por las leyes locales que establecen sanciones de entre 100 a 300 UMAs o de uno a tres años de prisión.

Antes de que la Suprema Corte aprobará la despenalización del aborto, en San Luis Potosí las integrantes de la colectiva ILE, presentaron una iniciativa para que se considerara la interrupción del embarazo dentro de las primeras 12 semanas de gestación apelando a la Ley de Salud y el Código Penal del Estado y que se retomara el tema de acuerdo al artículo 16 de la constitución local, sin embargo el legislativo ha evadido el tema en reiteradas ocasiones a pesar de la postura de la SCJN.

La iniciativa presentada y que tendrá que ser retomada lo antes posible por el Congreso Estatal, busca reformar los artículos 148, 149 y 150 del Código Penal, que indican la penalización del aborto sólo después de las primeras 12 semanas de gestación y su adición del artículo 148 BIS que solo reconoce la legitimidad de la interrupción del embarazo por situaciones forzadas como si aborto se produjera por  accidente, en caso de violación, por una inseminación artificial no consentida y cuando la vida de la mujer corra peligro de seguir con el embarazo.

Finalmente aunque no se tiene una cifra exacta de las mujeres que han acudido a realizarse un aborto en SLP, la activista Fátima Alvizo informó que se estima que al menos 100 mujeres potosinas acudieron a clínicas públicas de la Ciudad de México, en lo que va del año, sin considerar aquellas que acudieron a clínicas privadas y clandestinas y agregó que en el Estado, el frente Marea Verde ha registrado anualmente una media de 300 mujeres a las que se les ha dado acompañamiento a través de las colectivas del frente de manera clandestina.